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¿Y el tejido social?

¿Y el tejido social?

VENTANAS ROTAS

 

Por Víctor Manuel Vallejo Cruz

 

Las imágenes lo dicen todo, cientos de personas en un terreno dedicado a la agricultura, saqueando gasolina producto del sabotaje – otra vez – a un ducto de Petróleos Mexicanos. De repente, esas imágenes se vuelven dantescas, es la del México que está de rodillas, con una porción de su población dedicada al robo de combustibles pero algo se salió de control y la fuga estalla envolviendo a la población que estaba ahí, en el pillaje, en densas bolas de fuego y humo. No cabe duda, el problema del robo de combustible va más allá de la delincuencia organizada, de la sincronización entre distintos actores para perpetrar el robo a la Nación. Se aprecia a simple vista, el tejido social ahí por donde se localiza el ducto ha sido corrompido hasta la médula. Desde el salón Tesorería del Palacio Nacional este sábado 19 de enero, la primera conferencia de prensa, el recuento provisional de la tragedia: 66 personas fallecidas, 79 personas lesionadas.

 

La cuarta transformación del país afronta su primera tragedia en uno de los flagelos sociales que azotan a nuestro país: el robo de combustible banalizado a través de una expresión que lo glorifica “el huachicoleo”, en qué desgraciado momento se introdujo ese vocablo a la escena pública. Ni modo, parece que llegó para quedarse. Pues bien, ese hecho delictivo que el gobierno federal se propuso combatir ya cobró su primera tragedia – de muchas, seguramente – y desnuda lo que es ya sabido, que el fenómeno social que representa es parte de la convivencia social en algunos municipios del país, lo que es visto como parte de lo ordinario, de lo socialmente aceptado, precisamente en eso radica la descomposición del tejido social, en aceptar una práctica delictiva y socializarla como algo aceptable, como algo con lo que se puede y debe convivir, como modernos Robin Hood pero ahora robándole al Estado los recursos de la Nación.

 

Este sábado 19 de enero, desde la tribuna que nos ofrece día con día en las ruedas de prensa mañaneras, el presidente López Obrador vuelve a hacer un nuevo llamado a que la gente no participe en estos hechos delictivos. La verdad parece un desesperado llamado, pues no hay eco, con tristeza pero parece que está arando en el desierto, por lo que no queda de otra, que en el combate al robo del siglo -66 mil millones de pesos anuales – hay que entrarle con la fuerza punitiva del Estado en sus múltiples vertientes: operativos de vigilancia aérea para cuidar los ductos, fuerzas militares de reacción rápida aerotransportadas, auditorias fiscales a empresas que venden gasolina, pero que no se la compran ni a PEMEX ni tampoco la importan, hasta las denuncias por lavado de dinero, delincuencia organizada de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda e incluso la extinción de dominio para los bienes e instrumentos empleados para perpetrar estos delitos.

 

Por supuesto, nadie pensó que el combate a la extracción y distribución de combustible robado iba a ser llevada con suavidad, o bien con facilidad. El Estado se enfrenta a bandas organizadas, pertrechadas por los cuantiosos recursos de que disponen y una aceitada maquinaria que permite la compra de conciencias para implicar a funcionarios públicos, que auspician esta actividad, que la impulsan desde sus posiciones privilegiadas. Secreto a voces que este y otros delitos requieren de la complicidad de las autoridades, y que hoy han quedado exhibidas hasta el cansancio, como cuando se nos informa de las múltiples pipas robadas desde las propias instalaciones de PEMEX, documentadas con papeles apócrifos para que salgan de sus instalaciones como cualquier otra, confundidas entre las cientas de operaciones que de ordinario se llevan a cabo; hasta las otras, las formas más descaradas, las que llevan la manguera hasta la bodega clandestina en alrededor de las instalaciones petroleras.

 

Dura lección para el gobierno de la república, pero también para el resto de los mexicanos. Hay mucho que hacer para revertir esta situación social, quitarle el piso social a una actividad delictiva no es fácil. Llevará su tiempo, pero se tiene que trabajar en revertirla, a través de la creación de fuentes de empleos, de programas sociales que lleguen a las comunidades vulnerables, las que son más fácilmente presas de la delincuencia y, sobre todo, atendiendo a nuestro activo principal, los jóvenes, los menospreciados y motejados como “ninis” para que encuentren en su país oportunidades de estudio y de empleo. La tarea deberá llevar su tiempo, pues no hacer nada sería lo peor. Dejar hacer dejar pasar, tampoco es una solución. Pero si no involucramos a los padres de familia que han tolerado que estas prácticas tomen arraigo en sus hogares estaremos perdidos. Y a todo esto, Usted estimado lector qué piensa ¿debemos afrontar con todo a quienes roban y se benefician con la ordeña de combustible?

 

 

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